El Supremo anulas las plazas a la oposición de policía Nacional

El Supremo anula las oposiciones a Policía Nacional recién convocadas

Editorial CEP - 02/12/22
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Policía Nacional

El Supremo anula las oposiciones a Policía Nacional recién convocadas del 22 de noviembre para cubrir plazas de alumnos en la Escuela Nacional de Policía por incumplir las directrices del propio Supremo sobre la exclusión de personas con lentes intraoculares o fáquicas.

 

Se anulan 2500 plazas de Policía Nacional por excluir a aspirantes con lentes intraoculares.

El Tribunal Supremo ha anulado la convocatoria de 2.456 plazas para aspirantes a Policía Nacional. El motivo es que la Dirección General de la Policía no ha cumplido con las exigencias establecidas por el propio Supremo hace un año, cuando prohibió excluir a los alumnos que tuvieran lentes intraoculares o fáquicas.

El anuncio se hizo en el Boletín Oficial del Departamento de Estado hace unas semanas. Hay 2.456 plazas disponibles para estudiantes de la Academia Nacional de Policía, de las cuales 491 están reservadas para veteranos con al menos cinco años de servicio. En uno de sus apartados finales, la convocatoria señala que «no se admitirán lentes fáquicas» y enumera exclusiones médicas como «cualquier tipo de cirugía intraocular». El anuncio se hizo en el Boletín Oficial del Departamento de Estado hace unas semanas. Hay 2.456 plazas disponibles para estudiantes de la Academia Nacional de Policía, de las cuales 491 están reservadas para veteranos con al menos cinco años de servicio. En uno de sus apartados finales, la convocatoria señala que «no se admitirán lentes fáquicas» y enumera exclusiones médicas como «cualquier tipo de cirugía intraocular».

El Supremo concluye que esa justificación «no resulta convincente, puesto que no especifica en qué consiste exactamente la rectificación que dice haber adoptado la Dirección General de la Policía, ni cuáles serían sus efectos».

El resultado es que esta convocatoria de casi 2.500 plazas para entrar en la Escuela de Ávila queda anulada y ahora la DGP tendrá que hacer una nueva pero resolviendo la polémica sobre estos dos artículos. Los jueces han estimado el recurso de una aspirante y, además, condenan en costas a la Administración con 500 euros.

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